Es de conocimiento común en la República Dominicana que el sector popular de bajos ingresos de la sociedad dominicana no participan en el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo del país.  Esto se debe a varias razones, entre las cuales están las siguientes:

• Falta de conocimiento y aplicación de metodologías dinámicas y flexibles que permitan insertar a las comunidades en propuestas auténticas de desarrollo y en la creación de sólidos mecanismos que permitan también exigir a los gobiernos el cumplimiento de programas y acciones que contribuyan efectivamente a disminuir las condiciones de pobreza de la población,
• Falta de conocimiento sobre las políticas, prácticas y demás temas técnicos relacionados con el desarrollo nacional,
• Falta de conocimiento sobre los procesos y estructuras gubernamentales y de la nueva Constitución de la República,
• Falta de disposición e interés del sector público y privado de conocer y comprender la realidad de la población de bajos ingresos e,
• Imposición de modelos de desarrollo que no responden a la realidad del sector popular.

Nuestro país carece de un tradición democrática que se refleja no sólo en una debilidad institucional, como es el caso de la Junta Central Electoral como se observa en cada coyuntura electoral, sino también en la estructura y funcionabilidad de las diversas instancias sociales donde se incluye la familia y las organizaciones comunales.

Esta ausencia de una Cultura Democrática es aprovechada por los partidos políticos y ciertas instancias de poder del estado y la sociedad civil para imponer decisiones y trazar pautas que lesionan los intereses de las grandes mayorías.  La mayoría de los partidos políticos levantan sus programas de gobierno en gabinetes que operan en cuartos fríos y que luego ofertan a los sectores mayoritarios de la nación con el propósito de adquirir los votos necesarios para accesar al poder, pero una vez alcanzado, no se cumple con la mayoría de los planes y propuestas formulados.

La mayor parte de las propuestas no reflejan los intereses de las mayorías y mas aún, se implementan como medidas autoritarias y verticales que las comunidades deben acatar de forma pasiva, sin participar minimamente ni en la forma metodológica de su implementación.

Sin esta participación es imposible lograr un compromiso de los diversos sectores que inciden dentro del proceso de desarrollo y más aún, se incrementan los costos de implementación de las medidas de corte social que el estado realiza, que el estado realiza no garantizando la sostenibilidad de las acciones en el tiempo, lo cual se ve agravado por la falta de planes de desarrollo a largo y mediano plazo.

Tomando todo esto en cuenta, existen dos áreas de intervención que el proyecto contempla, que son las siguientes:

• Aumentar la capacidad de negociación de los sectores populares, con énfasis en las zonas donde el IDDI está trabajando,

• Aprovechando el ambiente macro político de apertura y participación social para el diálogo y la concertación social, se hace necesario diseñar una propuesta de desarrollo nacional que permita integrar a las organizaciones comunitarias y demás sectores de la vida social y política en un compromiso, que insertándose dentro de este proceso electoral, permita una amplia participación de todos los sectores, no sólo en una identificación de las necesidades barriales, sino también dentro del ambiente de formulación de una propuesta y la sub-secuente ejecución.

Una concepción importante dentro de la elaboración de esta propuesta lo constituye el hecho de que nuestro país se hace ingobernable si no se logra la concertación social necesaria para hacer frente a los graves problemas que aquejan a la sociedad dominicana. 

Todas estas razones adquieren un enorme peso para la formulación de la presente propuesta y pretenden ser utilizadas como eje fundamental para lograr la participación popular en los procesos de toma de decisiones políticas que ocurren dentro del marco de la gobernabilidad.

Es necesario lograr la descentralización del Estado, pero una descentralización que no permita que sectores minoritarios de la sociedad civil y política ocupen este vacío, sino que el mismo sea ocupado por las grandes mayorías a través de un modelo más horizontal de participación.